Entre la realidad y el deseo

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de junio la convalidación del Real Decreto Ley que regula la negociación colectiva. Esa decisión se produce en un momento en el que desde sectores empresariales, partidos de la oposición y expertos tertulianos, valga la contradicción, se viene atacando a la negociación colectiva como uno de los orígenes de la desaparición de puestos de trabajo y de la escasa competitividad empresarial en nuestro país.

Buena parte de esa crítica responde a la mezcla de un doctrinarismo ideológico que enaltece el mercado y la desregulación y quiere cargar sobre los trabajadores el coste de la crisis económica que ellos, gente muy poderosa, han provocado.

Por eso, lo primero que deberíamos recordar son los logros conseguidos a lo largo de todo este tiempo de negociación colectiva, y pensar en las consecuencias que probablemente tendría su imprudente desmantelamiento.

Porque si España ha crecido económicamente, si es más competitiva y goza del bienestar actual, también ha sido por la práctica de una negociación colectiva responsable; invisible a veces, pero que garantiza a más de 10 millones de trabajadores, salarios, jornada, turnos, vacaciones, formación, prevención de riesgos, promoción interna, pensiones. Todo ello a través de más de 5.000 convenios anuales. Durante las tres últimas décadas, sindicalistas y empresarios han sido capaces de superar una larga tradición de enfrentamiento y sustituirla por el diálogo y el acuerdo como mejor forma de establecer sus relaciones laborales. Gracias a la negociación colectiva se distribuye en términos de contabilidad nacional más de la mitad de la renta generada del país. Pocas dudas hay de que el rápido ensanchamiento de las clases medias en la España democrática tiene mucho que ver con esta práctica.

Es esta tradición de negociación colectiva la que preserva el real decreto que aprobamos el 22 de mayo, y los cambios que en él se recogen responden a buena parte de las demandas de los interlocutores sociales expresadas en los últimos años.

Es verdad que patronal y sindicatos no llegaron finalmente a un acuerdo, y también es cierto que ante esa situación el Gobierno debía proponer una solución. Es posible que esa solución no le guste a algunos, y no por su contenido, sino porque es una solución. Sin embargo lo es, y lo es porque el texto presentado es equilibrado y suficiente para hacer frente a los constantes cambios de la economía y el trabajo.

Actualmente más del 65% de la negociación colectiva se hace a través de los convenios provinciales, cuyos contenidos fundamentales son jornada y salarios.La experiencia ha demostrado que la atomización y su escasa vertebración, les convierte en incapaces para impulsar los cambios que muchas veces necesitan nuestras empresas y nuestros trabajadores; por eso el real decreto apuesta por una negociación colectiva más cercana a la empresa facilitando estos convenios que actualmente representan apenas el 10%, y los sectoriales de comunidad autónoma, que tan solo son el 8%.

Este desplazamiento del centro de la negociación hacia la empresa, va acompañado del reforzamiento de su estructura sectorial y autonómica que permitirá ordenar materias a negociar en cada ámbito articulándolas en los diferentes niveles de negociación. ¿Para qué todo ello? Para aumentar la flexibilidad en la organización de los recursos de la empresa (horario, salario, planificación de vacaciones, clasificación profesional, conciliación de la vida laboral y familiar, etcétera, etcétera), primándola frente a la opción de ajuste de plantillas como recurso más fácil.

Los patronos no tienen nuevas prerrogativas, todos los convenios son fruto del acuerdo entre partes, y como siempre, si la patronal realiza una propuesta poco razonable y regresiva la parte social no tendrá más remedio que rechazarla. El posible desequilibrio que este tipo de negociación puede suponer se compensa en parte con la modificación del artículo 87 del ET que refuerza el papel de las secciones sindicales sobre los comités y delegados de personal en esta negociación.

Frente a esta flexibilidad negociada que contempla el real decreto, los empresarios han defendido una flexibilidad impuesta que nada tiene que ver ni con lo recogido en la norma aprobada en el Congreso, ni con la filosofía que la sustenta; si a ello le unimos la no aceptación de la propuesta empresarial de suprimir la ultraactividad "limitando la prórroga de vigencia de los convenios y caso de no llegar acuerdo aplicar los acuerdos sectoriales de cobertura de vacíos", podremos comprender que la ofensiva por desregular la negociación colectiva ha fracasado, por ahora. Porque hay marco de negociación democrática en las empresas y se garantiza la prórroga del contenido regulador del convenio en su totalidad hasta que se suscriba otro nuevo, sin que pueda existir riesgo de vacío de regulación. Pasado el tiempo, ocho meses cuando la vigencia del convenio anterior fuera inferior a dos años, o 14 en los restantes, el arbitraje resolverá la controversia.

Así pues, y frente a lo que se ha dicho, la negociación colectiva no sale descuartizada de esta regulación, ni de las lógicas tensiones parlamentarias que hubo en su convalidación el 22 de junio; que las hubo, ¡por supuesto!, amplificadas por la materia en discusión y por el cambio de voto de algunos grupos en el último momento. Sin embargo, ni el Gobierno ni el Grupo Socialista cedieron para modificar los dos ejes básicos que equilibran esta reforma: flexibilidad interna negociada y mantenimiento de la ultraactividad.

No se cerró tampoco la posibilidad de estudiar la jurisprudencia que puede hacer volver a la redacción anterior a la aprobación del real decreto el encaje de los convenios de comunidades autónomas, como ya se hizo en el año 1994 y, por cierto, desde entonces nunca se ha roto la unidad de mercado de trabajo.

El debate nos dejó algunas conclusiones: por un lado el PP no quiere descubrir sus propuestas, y a la pregunta del presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación ¿qué piensa usted sobre la ultraactividad de los convenios?, Mariano Rajoy se mantuvo en un ominoso silencio. Por otro, quedó claro que la patronal canaliza a través de CiU su modelo de negociación colectiva. Y por último, para la izquierda testimonial "cualquier tiempo pasado fue mejor", como siempre.

Estos son todos los "rotos y cambalaches" que la "impericia" del Gobierno realizó ese día, según han denunciado algunos desde estas mismas páginas.

La vida nos enseña a ser humildes, y la vida parlamentaria, cuando no se tiene mayoría absoluta, nos enseña a ser muy humildes. Conseguir los votos necesarios para aprobar una norma siempre nos exige ceder y transar, no hay otro camino. La cuestión es si después de hacerlo uno se sigue reconociendo en lo acordado.

Este veterano sindicalista y diputado socialista se reconoce en ello, y lo defiende con el orgullo y la conciencia serena del que sabe donde está.

(Publicado en El País el 25/07/2011)

Por el interés general

La semana que terminamos ha sido poco apta para cardiacos si la medimos por la evolución de los parámetros económicos, desde el récord en la prima de riesgo a la caída de las bolsas europeas, pasando por la incorporación de Italia al club de países obligados a hacer un duro plan de ajuste. Todo ha ido confirmando que en un mundo globalizado como este, los problemas de otros son también nuestros problemas, que cuando en Grecia no se resuelven sus déficits, los pagamos los demás, porque los controles que nos protegían se han debilitado y frente a la fortaleza de los mercados solo oponemos la fragilidad de unas políticas europeas lentas y escasas.

Mientras esto ocurre se hace público que las agencias de calificación han multiplicado por tres sus beneficios en España desde el 2006.¡Paradojas de la vida! Quienes fueron parte activa de la crisis con positivas valoraciones a Lehman Brothers y sus hipotecas basura, o a las finanzas griegas, ahora califican deudas, arrastran con sus valoraciones países a la quiebra y al mismo tiempo sacan enormes beneficios.

¿Para cúando la limitación de estas actividades en la UE? Cada día son centenares de millones de euros los que se detraen de las rentas de los ciudadanos europeos hipotecando el presente y el futuro.

EN ESTA SITUACIÓN donde hasta concertar la fecha de reunión de jefes de Gobierno para estudiar el segundo rescate de Grecia es un problema, donde declaraciones de cualquier responsable económico hace subir el diferencial de deuda soberana o bajar la bolsa, donde la prudencia es un valor en alza pero poco usada, hay algunos responsables políticos que obsesionados por el poder, no se paran en prendas para llegar a él como sea. Las declaraciones de Dolores de Cospedal el mismo día que España e Italia tenían el diferencial de deuda más alto. "Se han falseado los datos de la deuda de Castilla la Mancha, no eran reales y podrá triplicar a final de año lo autorizado por Hacienda, es decir en lugar del 1,3% permitido el 4%".¿Beneficia o perjudica la credibilidad de España?. De estas afirmaciones se aprovechan titulares de influyentes periódicos extranjeros como el de The Wall Street Journal: "La preocupación sobre el estado real de las cuentas autonómicas puede enviar la prima de riesgo española a un nuevo récord histórico", o el The Daily Telegraph: ¿"Existe la posibilidad de que haya más cadáveres en los armarios?".

¿Qué se pretende con ello? Sin duda embarrar, dar por sentado que los socialistas derrochamos en la gestión y a partir de ahí defender la austeridad como estrategia política que obligará a recortar servicios y prestaciones sociales; ese es un hilo conductor claro que sirve para seguir acosando al Gobierno central al tiempo que se impide generar confianza hasta que ellos gobiernen. "España tiene solución porque el PP está a punto de llegar al poder", dijo Mariano Rajoy el día que la prima de riesgo superó los 380 puntos de diferencia. Del problema de los mercados, la poca resolución de la UE, qué se puede hacer con las agencias de calificación o cúal podría ser la solución para la crisis griega, nada.

Si esto fuera tan sencillo, ¿por qué Italia atraviesa semejantes dificultades? Difícilmente se las pueden achacar al presidente Zapatero; por eso me temo que este problema no se resuelve cambiando de presidente aunque lo diga Rajoy, De Cospedal o Feijó, y nos lo cuenten potentes medios de comunicación empeñados en transformar estos problemas en una realidad virtual capaz de ocultar el mundo que vivimos.

Viendo todo esto y oyéndoles en el Congreso todas las semanas, no me extraña los vehementes consejos de veteranos socialistas cuestionando las responsables actuaciones del Gobierno para hacer frente a la crisis, en soledad, sufriendo un permanente desgaste por quienes han hecho del asalto al poder su exclusivo objetivo, y a la crisis económica la brújula para llegar a él.

(Publicado en El Periódico de Aragón el 17/07/2011)

¿Debate perdido?

Cuando el pasado miércoles subía las escaleras de la tribuna del Congreso de los Diputados para defender el decreto ley de reforma de la negociación colectiva, tras escuchar críticas inmisericordes contra ella, recordé la tarde del 11 de septiembre de 1975 en que un grupo de enseñantes, reunidos en el Centro Pignatelli de Zaragoza para confeccionar la tabla reivindicativa del convenio provincial de la enseñanza privada, terminamos pasando más de un mes en la cárcel de Torrero.

¡Cuantas cosas han pasado desde entonces! Y sin embargo hay discursos de ese día que en lo sustancial enlazan con aquellos "tiempos del cólera" en que el poder de decisión de las relaciones laborales las marcaba el empresario, las modificaciones de convenio se hacían por la brava y reivindicar derechos te convertía en subversivo. Pasar de largo en este debate sin comprometerse ni dar alternativas es muy grave, pero más lo es no valorar los 30 años de negociación colectiva realizada a través del título III del Estatuto de los Trabajadores que se hizo durante el Gobierno de UCD. No es fruto del olvido sino de la estrategia que la derecha económica y política tiene para reformar las relaciones laborales.

Porque si este país ha crecido económicamente, ha mejorado su competitividad y gozado del bienestar actual, entre otras cosas, también ha sido por la práctica de una negociación colectiva democrática y responsable. Invisible muchas veces pero que afecta a más de once millones de trabajadores y trabajadoras en cuestiones tan esenciales para vivir como el salario, la jornada, los turnos, las vacaciones, la formación profesional, las pensiones, el empleo, los accidentes y salud laboral: son más de 5.000 los convenios que se hacen al año y miles los sindicalistas y empresarios que, superando viejos antagonismos, convierten en escuela de concertación lo que en otra época fueron momentos de represión y enfrentamiento. La negociación colectiva ha sido y es cauce para la distribución más justa e igualitaria de las rentas, si más del 35% de la riqueza de este país se distribuye por esa vía, no hay duda de que el rápido ensanchamiento de la clase media que hemos vivido en estos 30 años, tiene mucho que ver con las prácticas negociadoras en las empresas.

En lo fundamental funciona, ¿por qué no se reconoce? seguramente por el deseo de algunos de aprovechar el momento para retroceder a otros tiempos. Desde algunas opciones políticas, pasando por fundaciones bien subvencionadas, catedráticos de institutos innombrables o conferenciantes y tertulianos bien pagados, todos hacen de esta reforma estructural la punta de lanza para rebajar condiciones laborales, y lo hace, la mayoría de ellos, desde el más profundo desconocimiento.

Porque, empresarios y sindicatos, que son los verdaderos agentes negociadores, buscaban, y lo han hecho, durante cuatro meses, acordar una reforma equilibrada manteniendo en lo fundamental la estructura actual, sobre que el Gobierno lo haga por real decreto. No se pudo concluir más por el ruido mediático madrileño del tea party y las interferencias políticas del PP que por la distancia entre los negociadores.

El texto presentado por el Gobierno reconoce el papel de nuestro modelo de negociación colectiva, asumiendo algunas disfunciones que le restan eficiencia y capacidad de adaptación a la cambiante economía, introduciendo equilibradamente modificaciones en tres direcciones. La estructura de la negociación colectiva está muy atomizada, con excesivo número de convenios, sin apenas relación entre ellos y materias negociadas repetitivamente en la empresa, la provincia o el sector estatal. Otro de los problemas tiene que ver con sus contenidos, su agilidad y dinamismo para poder ajustar con rapidez las condiciones de trabajo recogidas en convenio a las circunstancias económicas y productivas del ciclo económico; nuestro país ajusta por la vía del despido o la no renovación de contratos, caídas de pedidos o de actividad solucionables muchas veces con un acuerdo sobre salarios, jornada, turnos, vacaciones-en el ámbito de la propia empresa. Lo mismo ocurre con la dilación en la negociación de los convenios. Para evitarlo se limitan los tiempos y se emplaza al arbitraje, aceptado por las partes, para superar diferencias insalvables. Las tendencias presentes de nuestro mercado de trabajo, como la aparición de nuevas realidades empresariales, las diferentes formas de organización y reestructuración de las empresas o la descentralización productiva requieren una adecuación a la negociación colectiva con nuevas reglas.

Tras esta propuesta nadie podrá decir que la negociación colectiva actual lastra el mantenimiento de las empresas, no toca la renovación de los convenios o que es imposible flexibilizar condiciones cuando puede hacerse un convenio de empresa.

La posición de los grupos parlamentarios el pasado miércoles está basada más en la retórica consabida del PP, que le sirve para todo, y en la visión táctica de PNV y CIU que en el análisis del contenido del real decreto y sus objetivos. Otro debate perdido y otra reforma sin saber qué piensa el principal partido de la oposición ¿Por qué será?

(Publicado en El Periódico de Aragón el 26/06/2011)

Acuerdos que marcarán el futuro

Tras la euforia por los resultados del 22-M, los votantes y responsables del PP seguro se llevaron un buen susto cuando Luisa Fernanda Rudideclaró esta semana en Huesca que "si el PP no gobierna en dos meses, habrá que repetir elecciones", cosa lógica porque así lo marca nuestro Estatuto de Autonomía cuando confiere derecho para disolver las Cortes y convocar elecciones, con más razón, si no se pueden formar las mayorías para elegir presidente (Arts.48 y 52 ).

Quedando tanto tiempo, no es una advertencia casual, la futura presienta quiere decir algo más tanto a los suyos como a los futuros socios, porque necesita evitar roces innecesarios y precisa cerrar acuerdos por abajo sin conflicto, los ayuntamientos y comarcas son el primer paso para lubricar otros encuentros, y con la advertencia les conmina a sus elegidos con la posible repetición de campaña si no hay generosidad porque "el pescado no está todavía vendido", los futuros socios están muy sensibles y ante los nuevos tiempos se impone la prudencia y no el resquemor.

La advertencia tiene un claro destinatario, el PAR, precisaría más, su presidente José Ángel Biel, que a pesar de aparentar tenerlo todo pensado y controlado estoy seguro estará en un mar de dudas cuando haya hecho un repaso de los procesos electorales vividos desde aquel 20 de mayo de 1983 en que se constituyeron en la Lonja de Zaragoza nuestras primeras cortes salidas de unas elecciones democráticas. Y es que desde aquellos 124.000 votos que obtuvo entonces, pasando por los 180.000 del gobierno de Hipólito en 1991 o los 143.000 en 1995 a los 62.193 del pasado 22-M ha corrido mucha agua por el Ebro y se ha llevado muchos votos, casi las dos terceras partes. La futura presidenta no solo sabe esto sino que la sangría del voto regionalista se produjo en la coalición PAR-PP con Santiago Lanzuela en el Pignatelli y ella alcaldesa en la plaza del Pilar, los 57.000 votos perdidos entonces dejándoles en 10 diputados que es el listón de los últimos procesos electorales, son una herida sin cicatrizar y una contradicción no superada, porque las coaliciones de centroderecha les han ido muy mal a los paristas tanto en el ámbito electoral como en el político y muy bien haciendo gobiernos de centro-izquierda.

Primero porque las lindes ideológicas de las dos formaciones son muy difusas y pasar del acuerdo "al abrazo del oso" se hace de forma natural, más cuando la otra opción va de crecida y aumentando poder. Por otro lado un partido que toca gobierno desde hace 23 años difícilmente se puede controlar en la oposición si quien absorbe el poder institucional está en el mismo espacio de pensamiento, en la misma familia.

Pero no todo "lo que reluce es oro" el centro-derecha aragonés tiene profundas diferencias políticas en temas estratégicos para esta tierra, desde la interpretación del desarrollo autonómico y su futuro control, al papel de las empresas públicas en la transformación de la comunidad (la candidata a Presidenta dijo en campaña de vender algunas, cerrar otras, agruparlas), la organización del territorio en base a la estructura comarcal no le gusta, es más la criticó y planteó su reducción o desaparición, a pesar de que sabe es la joya de la corona del PAR; el papel de las instituciones en la salida de la crisis es irrelevante para una "neocon" como ella, pero no para sus posibles socios vinculados de siempre con la estructura empresarial y sobre todo con las pyme; el uso del déficit en la construcción territorial, muchas veces oí a Jose Angel Biel decir que un kilómetro de autovía puede esperar pero las ayudas sociales, subvenciones, o pequeñas inversiones en el territorio es electoralmente hablando "oro molido" ¿lo podrá seguir haciendo?, la interpretación del estado del bienestar regionalista choca también en esa coalición al concebirla más dentro de las ideas democristianas que liberales.

PARA LOS conservadores aragoneses el agua sigue siendo un problema, la decisión de futuras aventuras trasvasistas estará determinada por la presión de territorios muy potentes electoralmente hablando, Valencia, Murcia y ahora se puede incorporar Castilla-La Mancha; no sería de extrañar que resucitasen aquel PHN que derogó Zapatero. Actualmente la DGA está dotada de un autogobierno claro, prestando servicios esenciales y haciéndose oír en todo el estado, ha abanderado los problemas de las comunidades del interior y superado viejos tópicos de "Zaragoza contra Aragón", los doce años pasados del gobierno de centroizquierda han puesto el listón alto, para estar a la altura, los socios tienen que creerse el estado de las autonomías sin tapujos ni conveniencias, arriesgar, discrepar ante Madrid si es necesario y sacar adelante proyectos e iniciativas, centrar la gestión en el ahorro y control del gasto solamente, asfixiará a los regionalistas y nos hará recordar las políticas municipales de aquella alcaldesa de Zaragoza sin nada que mostrar tras sus cinco años de gestión.

La experiencia de estos 28 años de autogobierno demuestra que el mayor grado de inestabilidad se produjo con gobiernos de centroderecha, durante 16 años tuvimos seis presidentes en la DGA si contamos el corto período de Ramón Tejedor, numerosas desavenencias, dimisiones de consejeros, paralización de proyectos... etc, etc. Repetir aquella fórmula, aunque obligada por los resultados electorales, no es buena noticia para esta tierra, porque pesa el pasado y hace desconfiar del futuro.

(Publicado en El Periódico de Aragón el 12/06/2011)

¿Del bipartidismo al partido único?

La derrota que el pasado domingo infligieron los ciudadanos al PSOE expresa fundamentalmente el rechazo del electorado a las políticas realizadas en el conjunto del país .El alejamiento del Gobierno socialista de su base social en estos tres últimos años y la torpe explicación de las razones de los virajes realizados, están en la base de muchas desafecciones del 22-M.

Pero dicho esto y entendido el mensaje es preciso explorar algo más las causas porque seguro que no es solo una. El momento electoral y toda la legislatura está siendo endiabladamente complicada, insertos en una crisis económica brutal, con efectos durísimos en el mercado de trabajo, hace quince días la EPA del primer trimestre nos deja cerca de cinco millones de parados, los ERE, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, las continuas imposiciones de la UE en política económica, el acoso a nuestra deuda soberana... todo ha generado tal grado de desconfianza e inseguridad que los resultados electorales difícilmente podían estar al margen. La percepción de que la política está subordinada a la economía, de que nuestra autonomía como país es escasa ha calado entre los ciudadanos pero, sobre todo en la izquierda que, confundida, ha permitido que hombres y mujeres comprometidos con sus pueblos, ciudades y territorios pasen a la oposición sin saber qué se cuestionaba o qué merecía el cambio .

Desde el 12 de mayo del 2010 en que el presidente del Gobierno frenó la intervención económica de nuestro país por la UE, anunciando las medidas de ajuste, (rechazadas por el PP) hasta el pasado domingo, la sangría de nuestros votantes ha sido constante porque nos han identificado con políticas tradicionales de la derecha: otra cuestión es si podíamos hacer otra cosa, dado el grado de endeudamiento, la presión internacional en los mercados, la existencia del euro como moneda única y el negativo efecto que un rescate podría tener sobre nuestro estado del bienestar.

No dejaré de defender que hicimos lo adecuado y aunque parezca una contradicción, la política está para explicarla; en este caso el ejemplo portugués sirve como lección; el Parlamento rechaza el plan de ajuste presentado por el entonces presidente Sócrates, dimite como tal, se convocan elecciones a la vez que la troika (BCE, FMI y B. Mundial) hace un plan de rescate durísimo y en las actuales encuestas el Partido Socialista portugués ha recuperado la caída y está en disposición de repetir gobierno. ¿Por qué? Seguramente porque la contradicción entre hacer lo correcto y la incomprensión del ciudadano está la realidad de los hechos. Esperemos que esto no ocurra.

La campaña que nosotros centramos en clave local y autonómica "elegimos el gobierno de nuestras calles" renunciando Zapatero a presentarse como cartel electoral de las próximas elecciones generales como garante, no ha estado muy en consonancia con ello, nos dejamos arrastrar por la estrategia electoral del PP que las convirtió en un adelanto de las generales centrando el debate en cuestiones de ámbito estatal, el apoyo de sus potentes medios de comunicación desorientan a nuestros electores que solo allí donde se sustraen a esta dinámica nos dan los mejores resultados.

Y en medio de todo ello aparece el movimiento del 15-M, una protesta dirigida contra el déficit de autogobierno que produce nuestra democracia por la corrupción, los problemas en la zona euro para hacer frente a la crisis y consecuentemente la exteriorización de la devaluación de la política y su materialización en consignas como "el bipartidismo es la raíz de nuestros problemas", "ni partidos ni sindicatos miran por nosotros"...

Es la reacción de un movimiento de indignación que, al margen de las razones que lo sustentan, surge en el momento que más perjudica al partido del gobierno, ocho días antes de las elecciones, y lo hace con contenidos y estética tradicional de la izquierda, defendiendo posiciones ambiguas en unos casos y contradictorias en otros; la coartada perfecta para el elector indeciso y desencantado, el paraguas perfecto para cobijar tanto su abstención como el voto nulo u otra opción no sopesada.

Si lo perseguido era atajar problemas como el bipartidismo o la corrupción política, magros resultados. Del bipartidismo hemos pasado al casi partido único y los corruptos son más votados ahora que antes.

Sobre estas y otras muchas cosas habrá que hablar y reflexionar en el futuro, porque ni los ideales ni las políticas socialdemócratas están en cuestión: más de seis millones acaban de avalarlas. El problema está en cómo desarrollarlas, cómo hacer que la política recupere el control de la economía, que la sociedad recupere la confianza en los políticos, reactive la participación de la sociedad civil y haga de la solidaridad, el núcleo central de sus actuaciones frente al individualismo.

(Publicado en El Periódico de Aragón el 30/05/2011)

Del ´Tea Party´ madrileño al ´Neo.com´ aragonés

Cuando de forma reiterada los informes demoscópicos del CIS presentan a los políticos como uno de los principales problemas del país, decepciona. Hacemos política porque pensamos que son posibles los cambios para avanzar, que siempre podremos encontrar un espacio suficiente para conseguir que la sociedad pueda vivir mejor y en libertad.

Los enormes avances de estos últimos treinta años en nuestro país, son fruto de la política democrática: con acuerdos y diálogo se fue imponiendo la idea de que "es mejor no ganarlo todo que perderlo todo". Con ella construimos las instituciones actuales, hicimos políticas que nos han trasladado del autoritarismo a la libertad, de la autarquía económica al club de los países más desarrollados del mundo.

Pero a pesar de ello se habla mal de la política. La única explicación son las excesivas expectativas que se ponen en ella. La decepción que produce cuando no las cumple ó como en esta crisis, parece incapaz de garantizar lo que creíamos tener conseguido para siempre. La desesperanza ante la misma ha convertido la política y a los políticos en meros objetos donde depositar la rabia. Porque todos sabemos que vivimos momentos de crisis, que no es obra intencionada de ningún gobierno, la suma de factores que la han creado, demuestra que han hecho falta muchas piezas y muchas manos para construir este laberinto.

Por eso me estremecen los discursos mesiánicos, las críticas soeces o las soluciones radicalizadas que ponen al mercado como solución a todos los problemas económicos, obviando cuestiones de Estado y respondiendo con actitudes enfermizas ante problemas como el terrorismo; en Madrid y aquí, Esperanza Aguirre y Luisa F Rudi, invocan el neoliberalismo económico y sociológico como única fuente de prosperidad. Si recapacitasen fuera de la ortodoxia, reconocerían que durante décadas hemos visto crecer el poder del mercado, rompiendo barreras, fronteras, sectores vedados, hasta llegar a ocupar enormes espacios de la política diaria.

¿Ha supuesto esto más prosperidad para los ciudadanos? No, todo lo contrario, la etapa más neoliberal no ha traído más bienestar o menos crisis, la etapa más intervencionista del S.XX con políticas socialdemócratas desarrolladas por los partidos socialistas y democristianos europeos, produjo más crecimiento y mayor distribución de la riqueza, el estado del bienestar. Lo mismo podríamos decir de la lucha antiterrorista ¿estando tan cerca el final por qué reacciona así el PP, busca acaso afianzar sus votos mas extremos?

En un sistema tan interdependiente como el actual, donde la "creatividad financiera" es constante y con escasos medios se puede hacer mucho daño económico a países y personas, me resulta incomprensible que no se vea necesario aumentar la regulación en nuestra economía financiera, mejorar la información y formación como defensa de los ciudadanos y hasta del propio Estado, huyendo de las noticias fáciles o editoriales interesados que puedan tener rédito electoral, porque la impunidad de algunas grandes corporaciones en la generación de la crisis y en la salida de la misma y la sensación de que nunca serán castigadas por ello, es un arma más para el descrédito político.

La desnaturalización de los procesos democráticos forma parte también de esta concepción política; convertir las próximas elecciones municipales y autonómicas en un plebiscito sobre el gobierno central o la marcha de la crisis, es parte de su estrategia para seguir acercándose al poder, porque poder y mercado es el binomio perfecto para el tea party madrileño y los neo.com aragoneses. Tanto el alcalde del pueblo más pequeño como el de la ciudad más grande, no se merecen esto, porque quieren saber la opinión de sus electores ante la enorme variedad de asuntos que afectan a nuestra vida, que van desde la cuna a la tumba y que deben valorarse democráticamente el 22 de mayo.

EN LOS ayuntamientos y en las comunidades autónomas se concentran los problemas y soluciones que más directamente afectan a nuestra vida cotidiana, desde las escuelas infantiles, al colegio, el instituto, la universidad, la sanidad, limpieza de calles, recogida de basuras, atención a nuestros mayores, gestión del territorio, agua, actividad económica, medio ambiente, etc, etc.

Dotar de contenido este debate democrático, informando al ciudadano de nuestras propuestas, evaluando el pasado pero construyendo el futuro, es la obligación política del político, hacerlo sería un buen ejercicio para la recuperación de credibilidad y reforzamiento democrático. El recurso al radicalismo ideologizado, cegado por una extraña mezcla de neoliberalismo económico, integrismo religioso y nacionalismo político que practica Esperanza Aguirre, se destila en las 160 medidas de la estrategia Aragón 2025 presentada por Luisa F. Rudi. Por este camino solo producimos hartazgo, rechazo de la política y abstencionistas a montones.

(Publicado en El Periódico de Aragón el 17/04/2011)

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Conforme nos acercamos a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, las estrategias electorales se imponen a la actividad política de los ayuntamientos y gobiernos de comunidades autónomas. Establecer el debate con los contenidos propios de esta cita electoral, conseguir que las alternativas y soluciones a los problemas cotidianos de los ciudadanos determine el voto de ese día, será el principal y mas difícil trabajo de candidatos y afiliados socialistas, frente a la engrasada práctica del PP de tensionar y crispar la vida política con aquello que más le interesa, llegar a la Moncloa.

Es una técnica, que si la medimos por las encuestas, les viene dando buenos resultados. Centrando su discurso en que la crisis es culpa de los socialistas y una supuesta insolvencia del Gobierno para superarla, cumplen con dos objetivos, evitar debatir sus alternativas y su programa, al tiempo que fidelizan sus votantes para que les apoyen, no solo cuando lo hagan bien, sino también cuando lo hagan mal. La crispación les permite el apoyo de los sectores mas extremos del electorado que se movilizan y votan masivamente. Es decir movilizan a los suyos (hasta el punto de mantener más del 80% de sus anteriores votantes con intención de repetir) y generan retraimiento y abstención en los rivales.

EL HASTÍO que producen las descalificaciones e insultos al Gobierno, por la derecha mediática, jaleada por responsables del PP reconvertidos en tertulianos, es insoportable: porque debilita nuestro sistema democrático y hace que se responsabilice en exclusiva a los políticos de la mala valoración que sobre la situación política perciben los ciudadanos (el 78% así lo manifiestan según el informe del Pulso de España 2010 de la Fundación Ortega-Marañon). Una valoración así no se conocía en nuestro país desde hace veinte años, la suma del rechazo en igual proporción al Gobierno y a la oposición explican estos resultados.

Cuando en este informe se recoge que tres de cada cuatro españoles sienten nostalgia de la transición por el estilo de hacer política, entendida ésta como la subordinación de los intereses particulares o partidistas a los generales del país y el destierro de la grosería y el insulto político como sistema, aparte de la visión romántica que el tiempo traslada de aquellas duras confrontaciones dialécticas, es innegable reconocer que hubo altura de miras para hacer frente a una situación mucho más complicada que la actual.

El giro del presidente del Gobierno, desde la ética de la convicción de las políticas sociales a la ética de la responsabilidad, producido en mayo al tener que asumir el plan de estabilización presentado por la Comisión europea, a sabiendas del coste electoral y personal que iba a tener, es lo más parecido a esa forma de hacer política tan añorada por muchos; porque nadie podrá negar que se primaron los intereses generales del país.

Viendo la situación de Portugal en estos últimos días, rechazando los diputados de la izquierda y la derecha el programa de estabilidad y crecimiento, pactado anteriormente con el BCE y la Comisión, como condición "sine qua non" para recibir el aval para el fondo de rescate europeo, recuerdo que el 12 de mayo pasado, un voto de diferencia evitó algo parecido en España. ¿Cómo estaríamos ahora? El PP votó en contra, hizo aquello que tanto recriminan los nostálgicos de la transición, primar los intereses electorales a los generales del país ¿por qué?, porque la responsabilidad política sin el poder no le sirve. Lo cual dice muy poco del concepto que tiene del sistema democrático, pero eso es "harina de otro costal".

¿Dónde quedan aquellas declaraciones de Mariano Rajoy acusando al Presidente de no querer la energía nuclear por principios ideológicos? Tras la catástrofe de Fukhusima ¿repetirá su visita del 2009 a la central de Garoña o cambiará el paso pronuclear como acaba de hacer la señoraMerkel en Alemania? Porque llegó a prometerles "conmigo en el Gobierno Garoña no se cerrará".

Cuando los informes sobre las causas de la crisis de la comisión de control del Congreso de los EEUU y del FMI previos a 2004-2007 afirman que la cultura financiera de la autorregulación y la desregulación son el eje central de las dificultades sufridas posteriormente y a pesar de que ningún directivo del Banco Mundial y del FMI (y Rato lo presidía) sospechó de su llegada hasta que se les derribó el edificio encima, el PP sigue "remachando el clavo" con dos ideas; la culpa de la crisis económica y del paro es del Gobierno y solo gobernando ellos podemos salir de la misma. La realidad de los hechos está demostrando el escaso rigor de sus análisis y la débil consistencia de sus alternativas. Por eso están contrariados con la reunión del día 26 en Moncloa donde algunos empresarios abogaron por la estabilidad como factor importante para la recuperación y por concluir la legislatura sin sobresaltos. Afirmación que rompe su continuada línea populista de prometer algo que se sabe imposible de conseguir y alterar los tiempos políticos en función de sus intereses.

(Publicado en El Periódico de Aragón el 3/04/2011)

HABLANDO DE POLÍTICAS SOCIALES

La reacción de los grupos parlamentarios ante el primer debate en el Congreso de los Diputados sobre las políticas sociales en España, ha sido, cuando menos, curioso. Desde la valoración como "ejercicio de propaganda" de Rajoy hasta "el primer mitin de campaña electoral" de Gaspar Llamazares, hay un hilo conductor que les vincula de una u otra forma al resto de fuerzas políticas con un denominador común, no es necesario hablar de nuestro estado de bienestar, sus problemas, su futuro, los efectos de la crisis en su desarrollo; pero esos sí, hacer una comparecencia del presidente del Gobierno cada trimestre, para evaluar la situación económica, es imprescindible.

¿Porqué les resulta incómodo un debate con el Gobierno sobre los avances o retrocesos en las políticas sociales durante estos años? Rajoy se escabulle diciendo que para el PP la mejor política social es el empleo, coartada para eludir cualquier compromiso con los demás ámbitos de una verdadera política social, es fácil entender que un debate así no le guste. Porque ¿quiere eso decir que con el pleno empleo se suplen todas las desigualdades? ¿Que el Gobierno no debería haberse ocupado de la dependencia, la atención a la infancia, la discapacidad, la educación, la salud?... La política social ni se acaba con el empleo ni este es la única política social. ¿Cómo sino se puede proteger a los ciudadanos de los estragos de la economía de mercado? Con argumentos como este, el PP desprecia el sentido y los avances del estado del bienestar porque lo mezcla con su estrategia de centrar la responsabilidad del paro en el Gobierno, evitando compromisos con estas políticas y haciendo suyas las tesis de Margaret Thatcher "la sociedad no existe solo hay individuos y familias".

Porque la incomodidad del grupo parlamentario de IU-ERC, no se deriva de planteamientos filosóficos diferentes, la izquierda nos sentimos comprometidos con las políticas sociales como instrumento de igualdad de oportunidades y de cohesión social. Los ritmos, el papel que deben jugar, su desarrollo o la titularidad pública de las mismas, producen contradicciones que son superables. La cercanía electoral hace que se exceda en valoraciones negativas que confunden al ciudadano y solo sirven para justificar algunos exabruptos del PP.

Es justo reconocer que desde el 2004 ha habido mejoras en el incremento de las políticas sociales, tanto en las cuantías de los recursos, un 40% más de lo que destinaba el PP (sin contar las prestaciones por desempleo) como por los nuevos derechos sociales creados; Ley de dependencia, renta básica de emancipación para jóvenes (213.000 jóvenes menores de treinta años reciben 210 euros de ayuda para alquiler de vivienda), ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, reconocimiento de pensión a las parejas de hecho, protección a mujeres víctimas de maltrato, integración de inmigrantes, desempleo a los autónomos, prestación de 426 euros durante seis meses para desempleados que hayan agotado sus derechos a paro y subsidio (800.000 afectados). Son realidades que afectan a millones de ciudadanos, construidas con nuestros impuestos, de las cuales deberíamos sentirnos orgullosos porque el camino recorrido ha sido muy rápido en estos treinta años.

Pero la construcción del estado del bienestar, no puede darse por terminada, todavía estamos en el -5% del PIB de gasto respecto de la media comunitaria dedicada a prestaciones sociales. Aunque en este período de crisis hayamos seguido creciendo un 27%, la situación económica y el mayor gasto derivado del envejecimiento de nuestra población, nos obliga a reorientar algunas de ellas para poder mantener otras en el futuro.La eliminación de los 2.500 euros por nacimiento de hijo o de los 400 euros de deducción fiscal para todos, es una prueba de cómo la crisis obliga a priorizar prestaciones.

Porque para consolidarlo y ampliarlo, necesitamos un crecimiento económico sostenible y sostenido, basado en una economía más competitiva, que precisa reformas para aumentar su productividad. Las emprendidas desde hace un año, tienen ese objetivo: desde la laboral, políticas activas de empleo, pensiones, futura negociación colectiva, sistema financiero, economía sostenible. Sabemos que los países de nuestro entorno que las hicieron en la pasada década han resistido mejor la crisis, crecen establemente y tienen un envidiable estado del bienestar. Nuestra aspiración es igualarnos a ellos, conseguirlo pasa por una mayor convergencia de renta per cápita y transformar nuestro modelo social para hacer frente a los retos que lo amenazan.
Y esto hay que hacerlo, porque como dice Tony Judt "debemos a nuestros hijos un mundo mejor que el que heredamos, pero también debemos algo a quienes nos precedieron".

(Publicado en El Periódico de Aragón el 6/03/2011)

COMPROMISOS DE FUTURO

Cuando sindicatos, patronal y Gobierno acuerdan reformas tan importantes como las recogidas en el Acuerdo Social y Económico, están haciendo un ejercicio ético del poder y de la representación social, porque actúan responsablemente, en clave de país y no por intereses particulares o electorales. Cuando Mariano Rajoy mira para otro lado y critica "los festejos de la firma de una reforma que recorta las pensiones a todos los trabajadores", escenifica la esencia del populismo, porque dice lo que se quiere oír, en lugar de explicar lo que hay que hacer. Contribuyendo a la tendencia infantilizadora de la sociedad.
Él sabe perfectamente que estas reformas son necesarias, conoce su contenido y también el equilibrio hecho para acordarlas, pero le puede más su obsesión por el desgaste, por colocarse a favor del viento y bloquear la confianza que transmiten. Para él construir el futuro de nuestras pensiones no es lo urgente sino la ocupación del poder. "La consecuencia lógica de la tiranía del presente es que el futuro quede desatendido, que nadie se ocupe de él" escribe Daniel Innerarity. Aunque la ausencia de proyecto sea muchas veces la causa que le somete a la tiranía del presente.
Plantear una reforma de pensiones manteniendo la actual edad de jubilación en los 65 años que piden PP e IU, como fundamental premisa, sin tener en cuenta el envejecimiento de la población y el aumento de coste en los próximos veinte años, es tanto como pedir a gritos un sistema mixto de capitalización privada, porque la actual arquitectura del sistema público de reparto se basa en la solidaridad intergeneracional.
Transitar la reforma por las carreras de cotización con 61, 63, 65 y 67 años, excepcionando aquellos trabajos de especial peligrosidad o penalidad y aumentar el período de cálculo, posibilita beneficiar a jóvenes que entran al empleo a través de programas formativos o de investigación, compensar a las madres/padres que hayan interrumpido su vida laboral para cuidar hijos o resolver el problema de los trabajadores agrarios que cotizan por cuenta ajena en el REA, entre otras mejoras.
Todos sabemos que vivimos una etapa de miedo y desconfianza, miedo a los efectos derivados de un sistema financiero problemático, a un sistema de pensiones afectado por el desempleo y la crisis, al paro, pero sobretodo tenemos miedo al futuro, porque no estamos seguros de las garantías de protección que actualmente nos da el sistema, de ahí viene la desconfianza. Recuperarla es mucho más importante para el buen funcionamiento de las cosas que la realidad de las mismas.
La imagen de esta nación aplicando políticas excepcionales con el máximo respaldo político y social, es esencial para ir superando la profunda recesión económica y el déficit de confianza que suscita entre los inversores internacionales. El acuerdo es una pieza fundamental para ello, porque demuestra la capacidad de los firmantes para realizar una política de interés general y conecta con los grandes acuerdos de nuestra reciente democracia.
Por eso, que el principal partido de la oposición dé una respuesta populista, es muy preocupante, ¿le tiene sin cuidado recuperar la confianza de país?, ¿esa es la opinión que le merece la generosidad de los firmantes? Porque si el consenso no le gusta para ayudar a salir de la crisis, ¿prefiere la crispación y la ruptura social?
Sin buscar paralelismos ni debates estériles sobre las semejanzas de acuerdos, lo cierto es que los Pactos de la Moncloa en el año 1977 ya consensuaron medidas impopulares para reducir la inflación y el déficit exterior, además de servir para fortalecer la incipiente democracia. Lo paradójico salta cuando al compararlos, vemos como una Alianza Popular con 16 diputados, de lo cuales 13 eran exministros de Franco se sumaron y defendieron estos pactos con más sentido de Estado que los actuales dirigentes del PP hacen con el Acuerdo Social y Económico. Y es que han dejado de lado su pasado inmediato incluso antes de haber podido entenderlo.

(Publicado en El Periodico de Aragón el 13/02/2011)

CULTURA DE ACUERDO

Resolver por la vía del consenso constitucional los problemas territoriales que históricamente ha tenido nuestro país, y hacer del diálogo social la fórmula de entendimiento para mitigar conflictos y construir el estado del bienestar, han sido dos fórmulas que han funcionado bien en nuestro país; el crecimiento económico, la profundización en los derechos y libertades así como el disfrute de una amplia protección social, es consecuencia de la suma de ambas.
En una etapa de crisis como esta, de profundos ajustes económicos y abundantes reformas, hacer alguna de ellas, como la de pensiones, fuera del diálogo social, significaba quebrar una pata de esa arquitectura. Por eso es tan buena noticia el que hayamos recuperado la vía de los grandes pactos para resolver las grandes diferencias.
NO SOLO SE transmite confianza y seguridad; un acuerdo como este recupera un modo de hacer política, demuestra que en la vida política y social hay organizaciones y partidos políticos que seguimos anteponiendo los intereses generales a los particulares. Que nos interesa más el ciudadano que el voto, que construimos país sin apropiarnos de la bandera. La confianza que genera el acuerdo y estos comportamientos, son también un mensaje positivo al exterior, porque solo ha habido en Europa una reforma de este calado, con acuerdo entre sindicatos, empresarios, y gobierno, la realizada por los socialdemócratas suecos en los primeros años noventa. Ningún otro país ha podido hacer de forma consensuada reformas de este calado. Sin duda aquí además de la cultura del diálogo, hay otros factores, la existencia del Pacto de Toledo y la conciencia sindical y empresarial del enorme papel de las pensiones para el bienestar de nuestros mayores y la lucha contra la pobreza.
Los sindicatos son conscientes de que por este acuerdo además de garantizar prestaciones a las nuevas generaciones, fortalecen el sistema público de reparto, limitando fórmulas mixtas e impidiendo opciones de capitalización privada como alternativas. El Gobierno además de esto, despeja un escenario de posibles problemas de ingresos a medio plazo, debido al envejecimiento de la población y al considerable incremento de las prestaciones.
SON REFORMAS hechas para evitar retrocesos en el estado del bienestar, que salvo algunas advertencias de los mercados, nadie las ve como inminentemente necesarias, pero pasar de ellas ahora nos abocaría a tener que hacerlas de forma precipitada, mucho más traumáticas y seguramente poniendo en cuestión el futuro del actual sistema público.
Lo más importante de lo acordado no está en la edad del retiro a los 65 o 67 años como pretendía el PP alineándose con IU y ERC en el Congreso y con los sindicatos independentistas y CGT en la calle, frente al voto particular de CiU, PNV, CC y PSOE, presentado el pasado día 25, sino la relación entre vida laboral y jubilación. Los años cotizados determinarán en el futuro recibir la pensión completa a los 65 años con 38´5 cotizados y con 37 a los 67.
La ampliación a 25 años del período de cálculo aplicado de forma gradual en los próximos diez años, manteniendo el plazo de la cotización mínima para tener derecho a cobrar una pensión de jubilación en los quince actuales, permitirá respetar suficientemente los derechos de los pensionistas al tiempo que se garantiza la solvencia del sistema.
La compensación por lo no cotizado de los años que la mujer o el hombre hayan interrumpido para dedicarse al cuidado de hijos o dependencia, así como la posibilidad para incorporar como cotizado el tiempo dedicado por los jóvenes a la formación a través de becas, programas formativos o de investigación y el adelanto de la edad de jubilación para trabajadores que realizan actividades de especial peligrosidad o penosidad, son algunas de las mejoras introducidas en el acuerdo. Se pueden hacer ahora con la perspectiva de tener en el futuro saneado el sistema y sin riesgo de desequilibrios financieros. La tramitación parlamentaria, las aportaciones del CES y las sugerencias de afectados enriquecerán algunas de las casuísticas recogidas preservando el núcleo central del acuerdo.
Una reforma como ésta , posiblemente la más profunda de nuestra sistema de pensiones que se ha hecho nunca, precisa consenso social, acuerdo político y altura de miras en la oposición, este país necesita que el PP abandone su permanente oposición, y su obsesión por el voto , comenzar a hacerlo suscribiendo estos acuerdos sería una buena noticia para todos.

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(Publicado en El Periódico de Aragón el 30/01/2001)

PERDEMOS TODOS

A pesar de los malos augurios y un marco socio-económico complicado, este período de sesiones parlamentarias, ha sido aceptable para el Grupo parlamentario Socialista en el Congreso. Si por el resultado de las votaciones lo midiésemos, solo el 0´8% de las más de 1.400 realizadas, han tenido un resultado contrario; si fuese por el número de leyes y transcendencia de las mismas, ahí están la ley de financiación de CC AA, la llamada Ley del aborto (de salud sexual y reproductiva ), la de Presupuestos, la ley ómnibus, la de mantenimiento y protección de personas desempleadas-etc, y si la medida es el papel en que queda el principal grupo de la oposición, la valoración no puede ser más desastrosa para ellos, porque el aislamiento de sus propuestas y de su política lo refleja objetivamente el resultado de las votaciones.

¿Tan dispares son las propuestas que obligan al PP a no votar con grupos de la burguesía nacionalista como el PNV ó CIU que fueron sus aliados en otra época? La verdad es que no, el problema no está en el contenido sino en la estrategia política de cada uno, mientras para las minorías nacionalistas o de izquierda el debate parlamentario sirve para marcar posición y mejorar las leyes en función de su ideología y sus votantes, para el PP, eso es secundario; todo se subordina a la vuelta al poder cuanto antes, y en esa estrategia todo vale para desgastar al Gobierno, utilizando cualquier problema, obviando las dificultades del país y creyendo que el triunfo les llegará por el agotamiento del adversario.

Para ello construyen trifulcas de desgaste interno y desprestigio internacional con casos como el secuestro del atunero Alakrana, la huelga de hambre de Aminatu Haidar, el secuestro de tres cooperantes en Mauritania, el mantenimiento de tropas en Afganistán, el espionaje a sus líderes políticos por ellos mismos, amén de los consabidos problemas derivados de la crisis económica y el incremento del paro que jalean y utilizan tan ruidosamente aunque lo único conseguido hasta ahora es más miedo al futuro y más desprestigio de la política y los políticos. Esta es la parte más negativa de este período de sesiones, porque la confrontación por sistema, el cuanto peor mejor que transmiten, deja al descubierto sus carencias de alternativas y la subordinación del interés general al del partido. Que entre los principales problemas de España el CIS de noviembre y diciembre recoja "la clase política, los partidos políticos" en tercer lugar, debería hacernos reflexionar: porque esta derivada no es fruto solamente de la corrupción, que la hay, sino de otros factores como la confrontación sistemática y la falta de encuentro para encarar la crisis.

Para mí esa valoración no se circunscribe al ámbito estricto de la política institucional, sino a la desafección del ciudadano en instituciones, sociedad civil, medios de comunicación- La exigencia de respuestas a los políticos, de comportamiento coherente a los empresarios, de protección y defensa de los derechos de los trabajadores a los sindicatos y de responsabilidad informativa a los medios de comunicación, aunque legítima, se hace muchas veces porque no queremos o no sabemos responsabilizarnos en la parte alícuota de culpa que tenemos con la crisis y con los compromisos en su recuperación. Siempre es más fácil responsabilizar a otros de las cosas que van mal.

Este desprestigio de la política y de la sociedad civil es un campo de minas para el presente y también para el futuro. En este marco, resulta necesario atajar esta situación, primero porque queda demostrado que perjudica a todos, devalúa la política cuando más falta hace y agudiza la desconfianza que es el peor enemigo de la recuperación; segundo porque en este ambiente se están saltando límites que hasta ahora habían respetado; la campaña de desprestigio contra los sindicatos, por no confrontar contra el Gobierno, que hacen algunos dirigentes del PP, es una temeridad que puede perjudicar a las empresas y de rebote al país. Además ¿es que piensan prescindir de ellos cuando gobiernen?.

Tal vez el motivo para desacreditarlos esté en ir infravalorando los posibles acuerdos en el futuro diálogo social, aprovechando que la CEOE está "tocada" por los problemas de su presidente en estas últimas semanas con Air Comet, Caja Madrid y la deuda a la Seguridad Social; de ser así, perdemos todos.

(Publicado en El Periódico de Aragón, el 10/01/2009)

Pensar en crisis

La crisis económica que estamos viviendo desde el 2008, probablemente es la mayor en la historia del capitalismo; solo los mecanismos de protección en los países desarrollados están atenuando unos efectos que con especial virulencia tuvieron su manifestación más importante en la del 1929. A diferencia de aquella, la diversificación económica y los planes de ayuda desarrollados por todos los países, han evitado el hundimiento de un sector financiero que durante más de 30 años ha hecho del beneficio sin escrúpulos, la norma de su gestión.

Una crisis financiera que afecta a todo el mundo que solo podremos decir que vamos superando cuando se vayan recuperando por el mercado laboral los parados producidos por ella. Por eso lo primordial es el empleo, tanto en nuestro país como en el resto de países desarrollados. Las altas tasas de desempleo que habían quedado olvidadas desde hace tiempo, se han convertido en un problema; tanto porque la gente tiene menos dinero en el bolsillo como por ser una fuente de incertidumbre y desconfianza en el futuro.

De aquellos políticos neocon que alardeaban del mercado sin límites como la panacea del crecimiento económico y de aquellas élites financieras, irresponsables de sus actos, tanto que llevaron a sus clientes a la ruina y a sus empresas a la quiebra, están surgiendo propuestas, alternativas y orientaciones para la salida de la crisis y el futuro que nos espera, muy poco imaginativas y nada autocríticas; hablan de reformas estructurales pero solo concretan la de abaratar el mercado de trabajo, critican los escasos créditos pero nada dicen de modificar las reglas que gobiernan la economía financiera, quieren abaratar los costes de la energía pero solo optan por el levantamiento de la moratoria nuclear. Nunca les he oído cuestionar el papel de los bancos centrales, el funcionamiento de los organismos de control y supervisión, el papel de las empresas de auditoría y consultores y sus relaciones y vínculos con las mismas financieras que auditan, de las agencias de rating, el fallo de los bancos al suministrar créditos desmedidos, los altos sueldos de ejecutivos y sus grandes indemnizaciones... Tengo la sensación de que para ellos esta etapa es un paréntesis que debe superarse mejorando competitividad y beneficios con la reducción de costes laborales.

¿DÓNDE QUEDAN las reflexiones autocríticas sobre la pérdida de valores éticos que han legitimado moral y socialmente al capitalismo industrial del siglo XX? el trabajo y el esfuerzo, el riesgo, la buena fe, la confianza, el respeto a las instituciones y a la justicia, la prudencia de los banqueros... abandonadas en aras del consumismo, la tiranía del mercado y las estrategias empresariales del beneficio rápido.

Es el momento de pensar en crisis, decir que difícilmente recuperaremos el PIB del 2007 hasta el entorno del 2015, asumir que la mayoría de la población está más empobrecida, que se ha perdido cerca del 20% de nuestras rentas por la destrucción de empleo y por la devaluación inmobiliaria, que en los próximos años los empleos serán en gran parte femeninos, con horario flexible y actividades vinculadas a los servicios personales y sanitarios, dada la evolución demográfica, que los contratos de jornada reducida estarán más extendidos como forma también de repartir empleo, que nuestro modelo social deberá ser una ventaja competitiva y que aumentar la productividad será fundamental para hacer crecer nuestra economía. Es el momento también de analizar y revisar el valor y uso de los recursos públicos, de controlar el gasto, no solo por la recuperación del déficit sino por el valor pedagógico de la austeridad que desde la política debe hacerse. Hacer del ciudadano centro de gran parte de las actuaciones a desarrollar, combinar servicios y atención en función de los nuevos retos del mercado y el empleo. Reorientar la política social que no puede ser solo el esfuerzo solidario y permanente que una parte de la población realiza para garantiza la renta de otra.

Un modelo de crecimiento diferente, más diversificado sectorialmente y con mayor valor añadido, obliga a incrementar y mejorar la cualificación, porque cuanto más cualificada sea la población, más alta será la actividad innovadora y más probabilidades tendrá esta de ser el motor del crecimiento. Eso supone cambios en las empresas, a través de la negociación colectiva, que permitan combinar cierta flexibilidad numérica y estabilidad laboral.

No podemos seguir asumiendo un modelo de globalización económica como el de estos años en que las estrategias competitivas de la mayoría de los países emergentes, se basa en cambios de moneda artificialmente bajos y condiciones laborales sin derechos, favorecedores de crecimientos espectaculares, basados en la exportación. Deberíamos hacerles cambiar y que centren en el consumo interno parte de su actividad.

Hay que seguir profundizando en las reformas de algunos organismos internacionales como el FMI, el banco mundial, los bancos centrales y su papel supervisor. Clarificar los paraísos fiscales para erradicarlos de la esfera internacional. Desarrollar la propuesta de Brown y Sarkozy sobre el impuesto a las transacciones financieras, no solo tiene un interés recaudatorio, sino que es una forma de evitar otra crisis semejante a la actual.

Es el momento de pensar en estos y otros temas, porque necesitamos saber no solo cómo salir de ella, sino también cómo afrontar el futuro inmediato.

(Publicado en El Periódico de Aragón, el 20/12/2009)

ALAKRANA

En política, los problemas de Estado son una oportunidad para la oposición; medirla, graduarla adecuadamente, evitar el populismo y la demagogia, define las señas, identidad, y talante de quien la hace. Digo esto porque sabiendo que la gestión del secuestro del Alakrana ha sido complicada, con permanentes interferencias externas, el PP solo ha buscado rentabilizarlo políticamente obviando los efectos negativos que pudiese tener dentro y fuera de nuestro país.

Un secuestro de 36 personas en el Índico arrastra de partida, además de las dificultades objetivas, otras muchas, como la presión de las familias, el reality-show mediático, países colindantes desestructurados sin interlocutores válidos, la oposición haciendo responsable exclusivo al Gobierno. El inteligente uso de todas estas contradicciones por los piratas, ha situado el problema en una esquizofrenia, donde se jaleaba devolver a los piratas apresados sin juzgarlos, se criticaba a los jueces por haberlos encausado, a la marina por detenerlos y al Gobierno por no acelerar el pago y la devolución de los detenidos inmediatamente. Hay que reconocer que en estos 47 días el espectáculo dado no ha sido edificante para un país con instituciones democráticas sólidas y un Gobierno bregado en resolver problemas a diario.

ESTAMOS HABLANDO del secuestro de un buque atunero privado, que pesca en aguas peligrosas haciendo caso omiso a las advertencias de las autoridades para faenar en grupo y en un perímetro limitado para poder estar protegidos por la llamada operación Atalanta. Es decir, trabajo peligroso con pingües beneficios que lo hacen atractivo. Hasta aquí la libertad de empresa.

De los 36 trabajadores del mar hay 20 de seis países distintos y dieciséis compatriotas que trabajan en temporada con altas compensaciones salariales vinculadas al volumen de las capturas, lo cual estimula el riesgo pero no la seguridad. En este contexto creo que debe analizarse la gestión de estos 47 días de secuestro; en los que el Gobierno ha tenido un solo objetivo, liberarlos cuanto antes, después analizaremos, valoraremos y haremos la autocrítica necesaria. De ahí la petición de silencio y dejar trabajar que se hace a la oposición y a las familias.

Por eso resulta inadmisible la utilización partidista, que no política, de los dirigentes populares; tanto Cospedal en Toledo el 6 de noviembre como Saenz de Santamaría un día antes en el Congreso pasando por González Pons, Rajoy y Arenas, todos han buscado el desgaste político sin más; solo cuando se les hizo ver que con esa actitud facilitaban la estrategia de los piratas bajaron el tono. Pero que no digan que respetaron el silencio durante el proceso.

Convertir el secuestro en un problema exclusivo de nuestro país --"a otros países no les ocurren estas cosas", dijo Rajoy--, es falso, porque en 2008 se produjeron 42 secuestros de buques, uno de ellos fue Playa de Bakio, en abril murieron tres personas en el rescate de un velero francés, actualmente permanecen secuestrados por piratas en el Índico 11 barcos y 262 tripulantes de distintos países. La peligrosidad de estas aguas, contrasta con la riqueza de sus caladeros y su enorme atractivo empresarial, por eso el Gobierno hizo caso a las peticiones de los armadores impulsando la operación Atalanta, para combatir la piratería, con sus socios europeos.

Porque las leyes españolas, y eso lo deben saber en el PP, no permiten que los militares puedan prestar servicio de protección a bordo de los atuneros o cualquier empresa privada. Por eso, con la mayor celeridad, se ha reformado la reglamentación de la seguridad privada y así poder formar y contratar estos servicios de protección que se han repartido por todos los buques. El coste de esta protección especial se hace a tres partes, la mitad el armador y la otra entre la comunidad afectada y el Gobierno central.

El guión es el mismo, no importan las dificultades, la angustia de las familias o la instrumentalización que hacen los delincuentes, todo vale aunque se perjudique a todos.

(Publicado en El Periódico de Aragón, el 22/11/2009)

VUELVE GENERAL MOTORS

Las vueltas que da la vida, cuando estaba a punto la firma del acuerdo sindical con Magna, y los gobiernos debatían su participación en la financiación del acuerdo, va GM y da un giro que sorprende a todos y retoma la dirección de Opel. De aquella operación, liderada por Alemania y encabezada por Angela Merkel en campaña electoral, imponiendo la venta a Magna de la mayoría accionarial en Opel, no queda nada. Aquel plan industrial con criterios más políticos que empresariales para salvar las plantas alemanas está parado. El acuerdo con Magna firmado horas antes por los sindicatos europeos, con excepción de los españoles, recortando costes multimillonarios y con sacrificios inmensos, ha saltado por los aires. La gran estrategia del Gobierno alemán, tan jaleada por el PP y puesta como ejemplo por Luisa Fernanda Rudi, se ha diluido como azucarillo en vaso de agua. Aquella General Motors en quiebra ha resucitado en apenas seis meses y suspende la venta que le permitía hacer caja.

Difícil explicación a este cambio tan radical, no creo haya muchos precedentes, porque aquí no se ha roto un acuerdo entre empresas solamente, es mucho más, una multinacional norteamericana, segunda en el ranking mundial de producción del automóvil, reflotada con dinero público y con representación del Tesoro de EEUU en el consejo de administración, rompe el "trato" con otra apadrinada por el Gobierno alemán, que antes aportó 1.500 millones de euros a Opel para que aguantase económicamente mientras se cerraba la operación.

LA RÁPIDA REACCIÓN alemana pidiendo la inmediata devolución de esos millones y la convocatoria de paros por el comité de empresa en aquellas fábricas, es una muestra de su implicación en esta operación y de las heridas que ha abierto en el orgullo alemán. Son muchas las interpretaciones, los análisis y las especulaciones que se harán hasta ver la concreción del nuevo plan industrial que presente la compañía, pero no cabe duda, las multinacionales no tienen corazón, el dinero y el poder les puede llevar incluso a enfrentarse con un gobierno tan poderoso como el alemán, que ha cometido errores de bulto en todo el proceso, haciendo más funciones de empresa que la propia compradora Magna; ¡todo por el libre mercado!

SI EL PROBLEMA era empresarial ¿qué hacía la señora Merkel con la bandera de ese conglomerado financiero-industrial? Porque a principios de septiembre había tres ofertas y los americanos no veían clara la opción acordada, pero el interés electoralista se impuso. A sabiendas de que GM siempre intentó hacer una venta condicionada al control de las patentes y la posible recuperación en momentos de situación financiera favorables; parece que la mejora económica y el adecuado uso de los 60.000 millones de dólares inyectados, le han dado respiro suficiente. Pero además, Sberbank-Magna no tiene las simpatías del Consejo de Administración de GM, por la transferencia de tecnología del automóvil a Rusia, que podría liderar un futuro conglomerado industrial en este sector para toda la Europa del Este. Parece que la guerra fría ha salido de la política y se ha refugiado en la estrategia económica de algunas multinacionales.

Este giro resitúa la situación, porque GM conoce su casa, sabe de sus problemas y puede actuar con rapidez y sin titubeos, fundamentalmente para recuperar la ilusión y expectativas de una plantilla con motivos más que suficientes para el desánimo. Además hay mucho trabajo hecho en esta negociación, ayudas públicas pactadas, cierre de plantas convenidas y despidos acordados, son pasos que pueden dulcificar las soluciones; el trabajo sucio ya se hizo, y solo caben mejoras para los trabajadores.

Este cambio nos hace pensar que el plan industrial que presenten estará libre de condicionantes políticos y primará la productividad y la competencia en su diseño y en la asignación de los volúmenes de producción. El momento y las circunstancias deben de servir para hacer ajustes pendientes en las estructuras dirigentes de la compañía, reducir cargos directivos y mandos intermedios, limitar prebendas y "comodidades" que no solo permitan ahorrar; si además se renuevan ideas será un ejemplo para todos, sobre todo para los que siempre han salido perdiendo, los trabajadores de planta.

La actuación prepotente de la multinacional con los gobiernos y los sindicatos alemanes sobre todo urge recomponerla, porque la Opel forma parte del ADN alemán, un país que tiene más del 50% de la plantilla, un poderoso sindicato y un compromiso personal de su presidenta. No debe haber soluciones supeditadas a Alemania, pero tampoco contra ella.


(Publicado en El Periódico de Aragón, el 8/11/2009)

El problema del paro

Los datos del paro son tan abultados que resulta difícil hacer una valoración objetiva del mismo ; voy a intentarlo a sabiendas de que el subconsciente es muy traicionero.
Que es el primer problema del país lo dicen las encuestas y la mayoría de ciudadanos. Que la crisis económica tiene en España la imagen del paro también, ahora bien el haber pasado en dos años de tener pleno empleo a incrementarse en dos millones, merece algunas reflexiones .
En 2007 con apenas el 8% de desempleo y un potente crecimiento económico, creábamos la cuarta parte del trabajo de la U.E., ocupábamos a cuatro millones de inmigrantes , las mujeres se incorporaban al mundo del trabajo como nunca, su tasa de ocupación se acercaba a la media europea , superábamos los 23 millones de población activa…..y teníamos 1.800.000 parados.
Siendo esto así ¿cómo hemos llegado al 18%?. La propia estructura de nuestro mercado de trabajo puede dar alguna explicación, tenemos un paro estructural , derivado de la existencia de sectores con abundante mano de obra y actividad estacional como el turismo, la construcción, la agroalimentación o la recolección agrícola; con contrataciones que rotan empleo y prestación de desempleo en base al contrato fijo discontinuo que afecta a mas de millón y medio de trabajadores.
Pero además de esos sectores , tenemos el mercado de trabajo más flexible de Europa, con una temporalidad rondando el 28% que permite expulsar del empleo , sin apenas coste , al menor síntoma de pérdidas ó atisbo de crisis. Situación que se asemeja ya entre los trabajadores fijos , la reforma que impuso el PP a través de la Ley 45/2002 facilita y abarata el despido con la supresión del salario de tramitación y la indefensión jurídica que conlleva: tanto es así que de la totalidad de despidos realizados en agosto, el 80% son con arreglo a esta Ley.
De lo que puede deducirse que tenemos un empleo frágil, muy usado por los empresarios para ajustar costes y con abundante mano de obra y escaso valor añadido.
Pero eso no es nuevo, la novedad está en la rapidez con que se destruye empleo y la extensión a todos los sectores, no hay un núcleo resistente, todos los sectores están afectados, la construcción , el sector servicios y aunque en menor medida también la industria. Todo esto nos hace reflexionar de lo importante que es modificar el actual sistema productivo, solo así se podrá cambiar el marco de relaciones laborales actuales; buscando plantillas más establesmejor cualificadas , donde la formación tenga un valor añadido y la productividad y competitividad de las empresas, no esté basada en la excesiva jornada ( somos el quinto país con más horas media año de la U.E.-15) y los bajos salarios ( somos el treceavo país en salario medio de la UE-15 solo por delante de Polonia y Portugal).
Los ajustes legislativos que deben acelerar estos cambios suponen además de un nuevo marco legislativo , reformas en sectores importantes como la formación profesional reglada, ocupacional y continua, en su vinculación a las prácticas de empresa y en su adecuación a las demandas de las mismas. Al igual que es necesario diseñar el mapa energético del futuro y el impulso de las energías renovables compatibles con unos costes competitivos para las empresas y hogares.
Poner como centro de la actividad productiva el trabajo y la competitividad del mismo, supone un cambio en la concepción empresarial y a la postre en las relaciones laborales del futuro que debe redundar en un empleo estable y de calidad.

Publicado en el suplemento "Economía y Negocios" del Heraldo de Aragón 25-10-2009

Los Presupuestos Generales del Estado de 2010

El guión está escrito, igual sirve para criticar la venta de acciones de GM a Magna que para justificar la trama Gürtel, el secuestro del atunero Alakrama o los Presupuestos Generales del Estado del próximo año: la culpa es de Zapatero. El Presidente del Gobierno está en la diana del desgaste político y todo vale con tal de hacerlo, hasta las mayores simplezas; el bochorno por decir públicamente y justificarlo después en el Congreso, que el responsable de la compra de Magna es Zapatero, no se lo deseo a nadie.

Por eso, hablar de presupuestos a los pocos minutos de presentarlos, descalificándolos, forma parte de este guión, la utilidad de hacerlo así no es otra que marcar criterio, arrastrar opiniones y poner muy difícil que se abra paso cualquier otra valoración más sosegada y objetiva. Si además esta valoración es negativa y en clave de agravio territorial, el trabajo está hecho: eso que lo practica no sólo la oposición política habitualmente sino el "poder mediático" de nuestra comunidad, en este caso es perjudicial para todos.

Primero porque no encuadra claramente estos presupuestos en clave de crisis económica, de ajuste de gasto, de limitaciones en los ingresos por el frenazo de la actividad económica; el papel didáctico que ello conlleva para con otras instituciones y empresas se difumina entre el hormigón de las más o menos inversiones previstas, que es lo único valorado.

Segundo porque sacando a las personas de los números con valoraciones sólo en clave de obras y proyectos nos quedamos en un debate vacío; al ciudadano normal ¿qué le garantiza, cuál es su protección social, se amplía, es suficiente?

Son presupuestos que marcan un eje prioritario, mantener la cohesión social en un país en crisis. Con estos presupuestos se dice que en una época como esta, un Gobierno socialista garantiza y aumenta la protección social (el 52% de todo el presupuesto es para ello) cinco billones de las antiguas pesetas, garantizan la prestación por desempleo del 80% de los parados y cerca de quinientas mil desempleados que la han agotado recibirán 420 euros durante seis meses. Cerca de trescientos mil aragoneses van a beneficiarse: mujeres, parados, familias, pensionistas jóvenes, estudiantes, personas dependientes. Esta apuesta política es la determinante. Este gasto no se puede dar por garantizado desde el momento que hay críticas al endeudamiento, al incremento de ingresos con mayores impuestos y a los recortes en algunas partidas. Detrás de estas afirmaciones están las restricciones al gasto en protección social. El día que Rajoy nos diga con claridad sus propuestas para hacer frente a la crisis, lo comprobaremos. El ejemplo de los conservadores ingleses a través de su candidato David Cameron es muy claro: "más individuo menos estado" (justo la máxima que ha llevado al mundo a la crisis), incrementar la edad de jubilación y reducir el gasto social (percepción por desempleo, sanidad, educación, pensiones-).

En tercer lugar, el modelo de crecimiento económico que estos presupuestos orientan se basa en el incremento de infraestructuras de transporte y el mantenimiento de fuertes inversiones en investigación y desarrollo que posibilite una economía más competitiva y estable, con mayor valor añadido y un componente laboral basado en la cualificación y la productividad.

Los 634 millones para Aragón suponen además de un incremento de casi el 6% para los ferrocarriles y carreteras previstos, garantizar obras o avances de proyectos en los grandes ejes, con fuertes inversiones allí donde se puede.

Estas inversiones son importantes y están en marcha, podemos debatir la rapidez en su ejecución, pero valorando todo, la lentitud técnica, los trámites a seguir, la cantidad de directivas a aplicar, hasta el compromiso con la tierra del gobernante de turno, pero nadie podrá negar que las reivindicaciones históricas desde hace 25 años están en estos momentos dibujadas en los números del presupuesto.

EL RETO está en el futuro y eso pasa por la revisión del Plan Estatal de Infraestructuras de Transporte (PEIT), donde deberán aparecer nuevos proyectos que sigan vertebrando territorio, que acerquen comarcas (Ejea, Tarazona, Caspe, Cuencas Mineras, Maestrazgo, Graus-) que fijen población.

Por último, los números actuales, con expectativa de mejora a través de algunas enmiendas, superan los 1.090 millones de euros, respecto de los anteriores merman 112 millones coincidentes con las aportaciones del Estado a la Expo 2008 que se realizaron ese año. Para mí lo más importante no está en el mayor o menor incremento, sino en la configuración del mapa de infraestructuras que poco a poco se plasma y en seguir apostando por ello.

Si analizamos las inversiones de los últimos años de forma retrospectiva, vemos cómo esta tierra es la séptima en inversión con cerca de 12.000 millones de euros.

Seguir con este esfuerzo inversor es la apuesta, valorarlo sería lo justo, porque a veces las descalificaciones sistemáticas trasladan al ciudadano una imagen del estado y el uso de los recursos públicos frívola y caprichosa, que sólo transmite desconfianza y miedo al futuro muy poco útil para el tiempo en que estamos.

(Publicado en El Periódico de Aragón, el 10/10/2009)

Futuro para Opel en Figueruelas

Los problemas que actualmente tienen General Motors y Opel son clara muestra de la crisis que vivimos; la caída de la demanda, el freno del consumo y una gestión de la multinacional excesivamente "alegre", tiene estas consecuencias; en casi todo el sector del automóvil y sobre todo en las plantas americanas y europeas se dan situaciones parecidas. Figueruelas es una planta que por su dimensión y dependencia exterior ha pasado por numerosos cambios desde su implantación hace ya más de 26 años. Una fábrica que se diseñó para producir 276.000 unidades del modelo Corsa, ha fabricado más de diez millones y ha impulsado un cambio importantísimo en el desarrollo industrial aragonés. Quizá también un excesivo peso en su economía.

Desde la pionera implantación del turno de noche en 1988 con la cota más alta de empleo (cerca de 9.500 trabajadores ) hasta hoy, se han sucedido numerosos problemas y reestructuraciones, el proyecto Olimpia que supuso el cierre de una de las plantas de Lutton (Reino Unido), los recortes del 2004 con la salida de 12.000 trabajadores, 10.000 de ellos alemanes y 618 aragoneses, la crisis que aquí sufrimos para conseguir la fabricación del Meriva en competencia con la planta polaca, que se resolvió favorablemente para nosotros y está atado con los 200 millones de euros que el gobierno aportó como avales.

ESTOS Y OTROS ajustes no han impedido que ésta sea la fábrica de General Motors más competitiva de Europa y probablemente del mundo. Con 2.000 trabajadores menos que en 1988, casi se está duplicando la producción y con el 13% de la plantilla en Europa se produce el 28% del total de unidades de Opel Europa. En un cuarto de siglo cualquier problema de Opel ha repercutido en Aragón, porque el efecto inducido sobre las 94 empresas de componentes y sus cerca de 15.000 empleos, es enorme.

Por eso vivimos la situación actual con preocupación. Sabiendo que en estos años, los sindicatos, los trabajadores y las instituciones han sido muy conscientes de lo que nos jugábamos y hemos "remado" casi todos en la misma dirección. Estoy convencido de que superaremos esta crisis y no entiendo el catastrofismo de tertulianos, "opinadores de todo", y algún medio de comunicación. Sí comprendo, aunque no comparto, el uso partidista que algunos hacen, porque cuando la política deja de ser el medio para mejorar la sociedad, se convierte en un instrumento de subsistencia que lleva a buscar responsabilidades en los demás de las incoherencias propias.

La solución presentada con el plan industrial de Magna levanta recelos en Aragón y en el Gobierno de España, por eso se ha trabajado conjuntamente con los sindicatos en opciones más flexibles; se ha hecho y se sigue haciendo, con rigor, seriedad, discreción y perseverancia. Al final la solución preferida por Merkel se ha impuesto. ¿Por qué?

MÁS DEL 50% de los trabajadores de Opel son alemanes. Tiene cuatro factorías; Aragón, una. Los centros de influencia estratégica, motores, diseño, publicidad, ingenierías... etc, radican allí. La marca forma parte de su historia y está en el ADN de ese país. Superar todo ello es tarea de titanes. Si a esto añadimos su vulnerabilidad por estar en quiebra técnica y las estrategias geopolíticas de los conservadores alemanes, tendremos la respuesta. Poniendo en valor la productividad, la responsabilidad sindical y el apoyo institucional, estoy convencido de que hay margen para negociar un plan industrial menos rígido; que garantice como contrapartida más empleo y más producción en la planta. Este envite hay que pararlo sin fisuras, sumando, orillando particularismos, apostando porque la solución tenga un alto componente empresarial. Hoy día no hay negocio que pueda sobrevivir sino es competitivo y para ello no sirven soluciones exclusivamente políticas.

El acuerdo con Magna es muy frágil, la empresa austrocanadiense tendrá que valorar también las contradicciones que le supone trabajar componentes para otras marcas del sector al tiempo que desarrolla la suya. De la misma manera que resulta extraño el papel de las entidades financieras rusas a través del banco Sberbank. ¿Cuántos recursos van a aportar para desarrollar el plan industrial y las inversiones que lo acompaña?

(Publicado en El Periódico de Aragón, el 21/09/2009)

Foto: El Periódico de Aragón. Manifestación apoyo Opel 20/09/09

IMPUESTOS

En este país de polémicas, cuando acaba el verano aparece una nueva que sin duda tiene enorme transcendencia, los impuestos: subirlos cuando tenemos menos ingresos, el gasto se incrementa y las necesidades crecen, parece lógico; pero éste es un tema tabú para la derecha ,todos los conservadores homologados al Partido Popular se oponen por principios, es más los consideran el mal de la economía. Personalmente considero que George Lakoff expresa perfectamente el significado y papel de los mismos "Los impuestos son las cuotas que se pagan para vivir en una sociedad civilizada como ésta". Están íntimamente relacionados con la democracia, la igualdad de oportunidades, la utilización de infraestructuras, autovías, internet, medicina, sanidad, educación, comunicaciones... todo eso depende de los impuestos y tener derecho a su uso en igualdad, es parte esencial del sistema democrático.

Los impuestos son una buena inversión para el futuro, es más defraudar no solo arrastra un problema fiscal también de ética ciudadana; ¡cuantos patriotas tiene este país clamando por la mañana contra el gobierno por las medidas de reactivación económica y evadiendo impuestos por la tarde!. Es más, infinidad de ricos lo son utilizando lo que anteriores contribuyentes han pagado, por lo tanto nadie se escapa a la deuda con los contribuyentes de este país, porque estamos invirtiendo en el futuro a través de los impuestos. A nadie gusta pagarlos, hacerlo cuesta a algunos más dolores que ir al dentista, pero una vez hecho, nuestro compromiso con la comunidad a la que pertenecemos aumenta y nuestro papel como ciudadanos se desarrolla plenamente.

La crisis nos lleva a replantear la fiscalidad de nuestro país, como lo han hecho la mayoría de países desarrollados, la caída de ingresos y el aumento de gastos, está minando el equilibrio presupuestario .Para seguir prestando las políticas sociales, las inversiones en infraestructuras y las ayudas a la reactivación económica, es preciso revisar la cesta de impuestos. No se puede tener buenas infraestructuras, potentes ayudas a las empresas y servicios gratuitos para todos, con impuestos bajos. Afirmar eso es hacerse trampas en el solitario o confundir intencionadamente a los ciudadanos; eso lleva siempre al recorte de prestaciones condenando con peores servicios a los más débiles.


EL ARGUMENTO de que la mejor política social es el empleo, repetido por Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy constantemente, es una falacia; porque mientras se recupera empleo, cuales son sus propuestas, ¿los parados deben tener la actual cobertura? Eso cuesta aproximadamente 36.000 millones de euros, casi el 50% más de lo presupuestado, ¿de dónde salen? Si no hay recursos no hay prestaciones ¿rebajarlas es la opción del PP? si es así que lo digan, porque hay una experiencia de su gestión en la que llegamos a tener una cobertura de los parados por debajo del 50% (ahora está por encima del 75%), el gasto social se desmoronó, las transferencias de servicios a las comunidades autónomas se hicieron mal dotadas, la congelación por tres años de los sueldos de los funcionarios y la pérdida de poder adquisitivo de una parte importante de los asalariados, supuso transferencias de rentas del trabajo a las del capital que todavía venimos arrastrando .

En comparación con los países de la UE, tenemos margen para incrementar impuestos, el peso de la presión fiscal sobre el total de nuestra economía, era el 37% en el 2007 y el 32% en el 2008 frente a un 40% de media europea. Si como parece no habrá modificaciones en el IRPF y las rentas más altas no tendrán incrementos fiscales, los márgenes se van acotando y solo queda la revisión de algunas figuras novedosas como la de los 400 euros, la ayuda al fomento de la natalidad, el impulso de la fiscalidad verde y recuperar el impuesto sobre patrimonio: Son actuaciones puntuales, para cuadrar los Presupuestos del Estado del 2010, ante un momento de caída de ingresos y de crecimiento del déficit que no van a resolver la injusticia que supone la dualidad fiscal española con un 43% de tipos máximos para las rentas del trabajo y del 18% para las del capital.

A eso hay que añadirle el incremento de la lucha contra el fraude y la economía sumergida, una tentación histórica que en épocas de crisis aumenta ,pudiendo tener incluso la complicidad social cuando se pone por el medio empleo y continuidad de empresas. Hay que evitar la parodia del Roto que en su viñeta diaria presentaba gráficamente un diálogo de dos ricos, diciendo uno "!pagar impuestos es de pobres!" le contesta el otro "a menos que te salga a deber".

(Publicado en El Periódico de Aragón, el 6/09/2009)