Cuando el pasado miércoles subía las escaleras de la tribuna del Congreso de los Diputados para defender el decreto ley de reforma de la negociación colectiva, tras escuchar críticas inmisericordes contra ella, recordé la tarde del 11 de septiembre de 1975 en que un grupo de enseñantes, reunidos en el Centro Pignatelli de Zaragoza para confeccionar la tabla reivindicativa del convenio provincial de la enseñanza privada, terminamos pasando más de un mes en la cárcel de Torrero.
¡Cuantas cosas han pasado desde entonces! Y sin embargo hay discursos de ese día que en lo sustancial enlazan con aquellos "tiempos del cólera" en que el poder de decisión de las relaciones laborales las marcaba el empresario, las modificaciones de convenio se hacían por la brava y reivindicar derechos te convertía en subversivo. Pasar de largo en este debate sin comprometerse ni dar alternativas es muy grave, pero más lo es no valorar los 30 años de negociación colectiva realizada a través del título III del Estatuto de los Trabajadores que se hizo durante el Gobierno de UCD. No es fruto del olvido sino de la estrategia que la derecha económica y política tiene para reformar las relaciones laborales.
Porque si este país ha crecido económicamente, ha mejorado su competitividad y gozado del bienestar actual, entre otras cosas, también ha sido por la práctica de una negociación colectiva democrática y responsable. Invisible muchas veces pero que afecta a más de once millones de trabajadores y trabajadoras en cuestiones tan esenciales para vivir como el salario, la jornada, los turnos, las vacaciones, la formación profesional, las pensiones, el empleo, los accidentes y salud laboral: son más de 5.000 los convenios que se hacen al año y miles los sindicalistas y empresarios que, superando viejos antagonismos, convierten en escuela de concertación lo que en otra época fueron momentos de represión y enfrentamiento. La negociación colectiva ha sido y es cauce para la distribución más justa e igualitaria de las rentas, si más del 35% de la riqueza de este país se distribuye por esa vía, no hay duda de que el rápido ensanchamiento de la clase media que hemos vivido en estos 30 años, tiene mucho que ver con las prácticas negociadoras en las empresas.
En lo fundamental funciona, ¿por qué no se reconoce? seguramente por el deseo de algunos de aprovechar el momento para retroceder a otros tiempos. Desde algunas opciones políticas, pasando por fundaciones bien subvencionadas, catedráticos de institutos innombrables o conferenciantes y tertulianos bien pagados, todos hacen de esta reforma estructural la punta de lanza para rebajar condiciones laborales, y lo hace, la mayoría de ellos, desde el más profundo desconocimiento.
Porque, empresarios y sindicatos, que son los verdaderos agentes negociadores, buscaban, y lo han hecho, durante cuatro meses, acordar una reforma equilibrada manteniendo en lo fundamental la estructura actual, sobre que el Gobierno lo haga por real decreto. No se pudo concluir más por el ruido mediático madrileño del tea party y las interferencias políticas del PP que por la distancia entre los negociadores.
El texto presentado por el Gobierno reconoce el papel de nuestro modelo de negociación colectiva, asumiendo algunas disfunciones que le restan eficiencia y capacidad de adaptación a la cambiante economía, introduciendo equilibradamente modificaciones en tres direcciones. La estructura de la negociación colectiva está muy atomizada, con excesivo número de convenios, sin apenas relación entre ellos y materias negociadas repetitivamente en la empresa, la provincia o el sector estatal. Otro de los problemas tiene que ver con sus contenidos, su agilidad y dinamismo para poder ajustar con rapidez las condiciones de trabajo recogidas en convenio a las circunstancias económicas y productivas del ciclo económico; nuestro país ajusta por la vía del despido o la no renovación de contratos, caídas de pedidos o de actividad solucionables muchas veces con un acuerdo sobre salarios, jornada, turnos, vacaciones-en el ámbito de la propia empresa. Lo mismo ocurre con la dilación en la negociación de los convenios. Para evitarlo se limitan los tiempos y se emplaza al arbitraje, aceptado por las partes, para superar diferencias insalvables. Las tendencias presentes de nuestro mercado de trabajo, como la aparición de nuevas realidades empresariales, las diferentes formas de organización y reestructuración de las empresas o la descentralización productiva requieren una adecuación a la negociación colectiva con nuevas reglas.
Tras esta propuesta nadie podrá decir que la negociación colectiva actual lastra el mantenimiento de las empresas, no toca la renovación de los convenios o que es imposible flexibilizar condiciones cuando puede hacerse un convenio de empresa.
La posición de los grupos parlamentarios el pasado miércoles está basada más en la retórica consabida del PP, que le sirve para todo, y en la visión táctica de PNV y CIU que en el análisis del contenido del real decreto y sus objetivos. Otro debate perdido y otra reforma sin saber qué piensa el principal partido de la oposición ¿Por qué será?
¡Cuantas cosas han pasado desde entonces! Y sin embargo hay discursos de ese día que en lo sustancial enlazan con aquellos "tiempos del cólera" en que el poder de decisión de las relaciones laborales las marcaba el empresario, las modificaciones de convenio se hacían por la brava y reivindicar derechos te convertía en subversivo. Pasar de largo en este debate sin comprometerse ni dar alternativas es muy grave, pero más lo es no valorar los 30 años de negociación colectiva realizada a través del título III del Estatuto de los Trabajadores que se hizo durante el Gobierno de UCD. No es fruto del olvido sino de la estrategia que la derecha económica y política tiene para reformar las relaciones laborales.
Porque si este país ha crecido económicamente, ha mejorado su competitividad y gozado del bienestar actual, entre otras cosas, también ha sido por la práctica de una negociación colectiva democrática y responsable. Invisible muchas veces pero que afecta a más de once millones de trabajadores y trabajadoras en cuestiones tan esenciales para vivir como el salario, la jornada, los turnos, las vacaciones, la formación profesional, las pensiones, el empleo, los accidentes y salud laboral: son más de 5.000 los convenios que se hacen al año y miles los sindicalistas y empresarios que, superando viejos antagonismos, convierten en escuela de concertación lo que en otra época fueron momentos de represión y enfrentamiento. La negociación colectiva ha sido y es cauce para la distribución más justa e igualitaria de las rentas, si más del 35% de la riqueza de este país se distribuye por esa vía, no hay duda de que el rápido ensanchamiento de la clase media que hemos vivido en estos 30 años, tiene mucho que ver con las prácticas negociadoras en las empresas.
En lo fundamental funciona, ¿por qué no se reconoce? seguramente por el deseo de algunos de aprovechar el momento para retroceder a otros tiempos. Desde algunas opciones políticas, pasando por fundaciones bien subvencionadas, catedráticos de institutos innombrables o conferenciantes y tertulianos bien pagados, todos hacen de esta reforma estructural la punta de lanza para rebajar condiciones laborales, y lo hace, la mayoría de ellos, desde el más profundo desconocimiento.
Porque, empresarios y sindicatos, que son los verdaderos agentes negociadores, buscaban, y lo han hecho, durante cuatro meses, acordar una reforma equilibrada manteniendo en lo fundamental la estructura actual, sobre que el Gobierno lo haga por real decreto. No se pudo concluir más por el ruido mediático madrileño del tea party y las interferencias políticas del PP que por la distancia entre los negociadores.
El texto presentado por el Gobierno reconoce el papel de nuestro modelo de negociación colectiva, asumiendo algunas disfunciones que le restan eficiencia y capacidad de adaptación a la cambiante economía, introduciendo equilibradamente modificaciones en tres direcciones. La estructura de la negociación colectiva está muy atomizada, con excesivo número de convenios, sin apenas relación entre ellos y materias negociadas repetitivamente en la empresa, la provincia o el sector estatal. Otro de los problemas tiene que ver con sus contenidos, su agilidad y dinamismo para poder ajustar con rapidez las condiciones de trabajo recogidas en convenio a las circunstancias económicas y productivas del ciclo económico; nuestro país ajusta por la vía del despido o la no renovación de contratos, caídas de pedidos o de actividad solucionables muchas veces con un acuerdo sobre salarios, jornada, turnos, vacaciones-en el ámbito de la propia empresa. Lo mismo ocurre con la dilación en la negociación de los convenios. Para evitarlo se limitan los tiempos y se emplaza al arbitraje, aceptado por las partes, para superar diferencias insalvables. Las tendencias presentes de nuestro mercado de trabajo, como la aparición de nuevas realidades empresariales, las diferentes formas de organización y reestructuración de las empresas o la descentralización productiva requieren una adecuación a la negociación colectiva con nuevas reglas.
Tras esta propuesta nadie podrá decir que la negociación colectiva actual lastra el mantenimiento de las empresas, no toca la renovación de los convenios o que es imposible flexibilizar condiciones cuando puede hacerse un convenio de empresa.
La posición de los grupos parlamentarios el pasado miércoles está basada más en la retórica consabida del PP, que le sirve para todo, y en la visión táctica de PNV y CIU que en el análisis del contenido del real decreto y sus objetivos. Otro debate perdido y otra reforma sin saber qué piensa el principal partido de la oposición ¿Por qué será?
(Publicado en El Periódico de Aragón el 26/06/2011)
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